Las guerras cantonales y el fin de la Primera República

República y federalismo

Tras la Revolución de 1868 y el destronamiento y exilio de Isabel II comienza en España lo que se ha llamado «El Sexenio Democrático».

Las mismas fuerzas políticas que habían derribado a Isabel II no estaban de acuerdo sobre cómo sucederla y la solución de consenso resultó la apoyada por el general Prim desde el verano de 1870: nombrar monarca a un representante de la italiana casa de Saboya. El 16 de noviembre de ese mismo año, el duque Amadeo de Aosta fue elegido rey de España por las Cortes Constituyentes, aunque con poco entusiasmo por parte del pueblo.

Tres días antes de la llegada de Amadeo a España, Prim moría en un atentado. El reinado de Amadeo de Saboya no empezaba con buen pie, no solo por la muerte de su principal valedor: contaba con escasos apoyos por parte de los sectores conservadores, la nobleza y la Iglesia, y, por otro lado, el sector progresista, su aliado en principio, se fue dividiendo y radicalizando conforme pasaba el tiempo. Para completar el escenario, estaba la guerra de Cuba y los carlistas, que en esas fechas estaban en pleno auge. Todo ello llevó a que el 10 de febrero de 1873, Amadeo renunciara a la Corona. Al día siguiente se proclamaría la Primera República.

Tampoco nacía esta república en el ambiente más propicio: los propios republicanos federales, tras su proclamación, fueron los culpables de graves disturbios ya que, en muchos casos, las «juntas revolucionarias» no reconocían al Gobierno, al que tachaban de «tibio».

El encargado de restablecer el orden era el ministro de la Gobernación, Francisco Pi y Margall, paradójicamente partidario de la república federal.

No había un consenso sobre qué República se quería. Existían dos movimientos contrapuestos: por un lado, estaban los republicanos unitarios, partidarios de una república centralizada, fuerte, ordenada y capaz de imponer autoridad; por el otro estaban los republicanos federalistas, que buscaban una república federal, con autonomía para cada región, e incluso para cada municipio.

Si para los republicanos unitarios la prioridad absoluta era restaurar el orden en un país en guerra y al borde del colapso y en el que el federalismo era, no solo prematuro, sino peligroso, para los federalistas, sin embargo, era vital un federalismo pactado, inspirado en los modelos suizos y estadounidenses, donde cada región conservara su identidad y autogobierno.

Para aumentar el caos, dentro de los federalistas también había tendencias. Mientras que Francisco Pi y Margall defendía un federalismo legalista y ordenado, los federalistas radicales, como José María Orense, eran partidarios de la autonomía inmediata de municipios y regiones. Había, en resumidas cuentas, dos opciones: de abajo a arriba (proclamar primero cantones y luego federarlos), y de arriba a abajo (primero orden, luego reformas).

Tras las elecciones a las Cortes Constituyentes, ganaron los republicanos federales por amplia mayoría, frente a los unionistas. El presidente hasta ese momento era Estanislao Figueras, que, tras la votación, en la primera sesión (1 de junio de 1873) devolvió sus poderes a la Cámara y propuso que se nombrara nuevo presidente del Poder Ejecutivo a su ministro de Gobernación, Francisco Pi y Margall. Las votaciones y deliberaciones fueron tan problemáticas y tensas que se le atribuye al propio Figueras la mítica frase, pronunciada en catalán: «Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!». El 10 de junio, harto de todo, se fue a dar un paseo por el parque del Retiro y, sin decir una palabra a nadie, Estanislao Figueras tomó el primer tren que salió de la estación de Atocha y no se bajó hasta llegar a París.

El 11 de junio Pi y Margall fue elegido por las Cortes presidente del Poder Ejecutivo de la República (aún no había sido aprobada una Constitución para poder llamarse simplemente «Presidente de la República»). Asumió, al mismo tiempo, el Ministerio de la Gobernación.

Las desavenencias entre el Gobierno de Pi y Margall y los federalistas «intransigentes», no obstante, llevaron a que estos últimos abandonaran las Cortes y el 8 de julio hicieran un llamamiento para la formación de cantones. Cartagena lo secundó, y el 12 de julio fue proclamado su cantón. Con la intención de detener nuevas insurrecciones, Pi y Margall pidió la aprobación de una nueva Constitución y se presentó a un voto de confianza. Lo perdió, al preferir los moderados a Nicolás Salmerón. Él fue quien se convirtió en el nuevo presidente del Poder Ejecutivo de la República.

La caída de Pi y Margall, sin embargo, supuso un acicate para el federalismo. A partir del 19 de julio el movimiento cantonista, que había comenzado en Cartagena, se extendió como una mancha de aceite: Valencia, Murcia, Sevilla, Cádiz, Málaga… cada ciudad improvisaba su propio gobierno, su bandera y su programa político.

Durante semanas, España fue un mapa en movimiento. El Estado apenas controlaba Madrid y algunas capitales, mientras que nadie podía decir a ciencia cierta qué ocurría con el resto, donde, o bien debido al cantonalismo, o bien al carlismo, parecían estar todos levantados en armas.

El cantonalismo no fue una rebelión homogénea. En algunos lugares predominaba el idealismo federal; en otros, era la desesperación social y la influencia de obreros internacionalistas las que los movían. Había cantones que buscaban autonomía política y otros que querían reformas sociales profundas. Esa diversidad, lejos de fortalecer el movimiento, lo convirtió en un mosaico difícil de coordinar. En general, en las comunidades amenazadas por el carlismo, o donde no había una fuerte presencia militar, el cantonalismo no arraigó en estas primeras etapas. En el resto sí, en particular en las regiones de Andalucía, de Murcia y de Valencia.

El Gobierno de Salmerón intentó a toda costa mantener el orden y reconducir la situación, destituyendo gobernadores civiles, alcaldes y militares que apoyaran a los cantonalistas e incluso recurriendo a generales abiertamente contrarios a la República Federal. La derecha republicana, encabezada por Emilio Castelar, sin embargo, exigía medidas más estrictas. Nicolás Salmerón dimitió el 6 de septiembre y cuando Emilio Castelar asumió la presidencia, endureció aún más el régimen. Gobernó con poderes extraordinarios, reforzó al ejército y dejó claro que la prioridad era restaurar el orden, aunque eso significara sacrificar el proyecto federal.

El 3 de enero de 1874, el general Pavía entró en el Congreso y disolvió las Cortes. Fue un golpe de Estado sin disimulo que liquidaba definitivamente la República Federal. Cartagena resistió unos días más, pero el 13 de enero se rindió.

La República como tal aún duró casi un año más, ahora transformada en una República Unitaria. Se trataba de una república nominal, desnaturalizada, convertida, en realidad, en una dictadura del general Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre, aupado al puesto por Pavía. La República había dejado de existir como tal tras el golpe de Estado de Pavía, y cuando el general Martínez Campos, tras el pronunciamiento de Sagunto, puso en marcha la restauración borbónica, concluyó definitivamente.

El cantonalismo

La proclamación de Cartagena como cantón independiente, el 12 de julio de 1873, no fue una declaración simbólica: el cantón tenía marina propia, gobierno, impuestos, imprenta y hasta expediciones militares para “liberar” otras ciudades.

Como decíamos, la reacción de Pi y Margall tuvo dos vertientes: por un lado, la represión de los sublevados, pero por otro, se negaba a aplicar las medidas de excepción que le proponían los moderados, entre ellas, la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque confiaba que el diálogo y, sobre todo, la rápida aprobación de la Constitución federal, bastarían para sofocar los levantamientos. Se le acusó de cruzarse de brazos y la crisis derivó en su dimisión.

Es ésta, la dimisión de Pi y Margall, precisamente, la culpable de la ruptura del equilibrio entre instituciones y movimientos republicanos, y de la multiplicación y radicalización de los cantones, puesto que los federalistas opinaban que el nuevo gobierno de Salmerón estaba en el extremo opuesto de sus ideales. Entre el 18 y el 22 de julio se proclaman los cantones de Murcia, Sevilla, Cádiz, Valencia, Alicante, Almansa, Torrevieja, Castellón, Granada, Ávila, Salamanca, Málaga, Bailén, Andújar, Tarifa y Algeciras. Diecisiete, como mínimo, puesto que había otros que surgieron y se apagaron rápidamente, o no llegaron a tomar la suficiente fuerza.

Aunque el cantón de Cartagena había sido alentado inicialmente desde Madrid, en el resto no había una coordinación central ni un centro organizativo. Fueron las juntas locales en cada localidad quienes se hicieron dueñas de la situación.

Llama la atención el fracaso del movimiento en Cataluña, que se suele explicar por dos factores: el poder del republicanismo moderado en la región, que huía de tumultos y desorden, y a que, debido al enfrentamiento con los carlistas en aquellos mismos momentos, contaran con una fuerza militar resistente en la localidad. Esta última razón también explica los fracasos en otras ciudades (el cantonalismo fue casi siempre urbano), como Jerez de la Frontera o Córdoba.

Los cantones andaluces, por otra parte, tenían algo en común: no eran, en realidad, separatistas. Primaba más en ellos el conflicto sociolaboral.

El cantón de Cádiz se formó el 19 de julio, al conocerse que Salmerón accedía a la presidencia. Llegaba después del de Sevilla (el día anterior) y Cartagena. En este caso se unían a él el alcalde y los gobernadores civiles y militares. Recibió ayuda militar del cantón de Sevilla, así como de otros cantones de la provincia (San Fernando, La Línea de la Concepción, Medina Sidonia, Chiclana, Puerto Real, Conil, Puerto de Santa María, San Roque y Sanlúcar de Barrameda) aunque la base naval permaneció fiel al Gobierno central.

El 20 de julio se proclama el cantón de Granada y al día siguiente el de Málaga. Este último, sin embargo, era ya prácticamente independiente desde el 5 de julio, fecha en la que fue asesinado el alcalde por federalistas «intransigentes». Francisco Solier fue nombrado el 11 de julio gobernador civil de Málaga por el gobierno de Pi y Margall, para recuperar el Ayuntamiento, dándole una inusual independencia. Tras la dimisión del presidente, Solier proclamó el cantón para mantener la paz (eso decía), nadando en aguas extrañas, puesto que se declaró fiel al gobierno y deportó a los federalistas intransigentes, y al mismo tiempo expulsó de la ciudad a la guarnición, la guardia civil y los carabineros.

Además de en Andalucía, también se crearon cantones en Murcia y Castilla León (Salamanca, Ávila y Toldeo), y hubo intentos de constituir cantones en Extremadura (Coria, Hervás y Plasencia).

Entre las principales medidas que tomaban los cantones una vez constituidos (en general, puesto que, como hemos dicho, no estaban coordinados), además de destituir a las fuerzas civiles o militares que no se les unieran, estaban la abolición de determinados impuestos impopulares (impuestos al consumo, y al tabaco, por ejemplo), las reformas sociales y la laicización del Estado, así como la secularización de las propiedades de la Iglesia. Adoptaron la bandera roja como insignia y el gorro frigio.

El tiempo de vida de estos cantones, sin embargo, no fue mucho. Los generales Manuel Pavía y Arsenio Martínez Campos fueron enviados por el gobierno de Salmerón a Valencia y Andalucía y los cantones cayeron rápidamente, excepto Málaga y Cartagena, que no lo harían hasta el 19 de septiembre de 1873 y el 12 de enero de 1874 respectivamente.

El 1 de agosto Pavía hacía su entrada oficial en Sevilla, siendo ovacionado, tras cuatro días de duros combates. El 2 de agosto las fuerzas de Pavía se encuentran ya en San Fernando, frente a las puertas de Cádiz. No hubo negociación, y completamente rodeados los cantonalistas cedieron el poder, entrando Pavía en Cádiz el 4 de agosto. Para el 8 de agosto ya se había pacificado la provincia por completo.

El 12 de agosto, Pavía entra en Granada, sin resistencia. Ni él ni el gobierno habían negociado, pese a las indicaciones de que los responsables del cantón estaban dispuestos a rendirse.

Cuando Pavía se dirigía a Málaga, Francisco Solier le telegrafió para conocer sus intenciones. Pavía le respondió que para él no era más que el gobernador civil de una provincia que estaba bajo sus órdenes. Después recibió, por parte del gobierno de Salmerón, la orden de no atacar el cantón de Málaga. Pavía presentó la dimisión, que no fue aceptada. Salmerón, entonces, destituyó al gobernador civil Solier y autorizó que una pequeña guarnición que no fuera dirigida por Pavía entrara en la ciudad. De nuevo el general amenazó con dimitir. Finalmente, el cantón de Málaga cayó a mediados de septiembre tras la sustitución de Salmerón por Emilio Castelar. El nuevo gobierno aceptó una propuesta de Sorlier, que le permitía abandonar Málaga con sus hombres. No obstante, las fuerzas de Pavía los detuvieron y desarmaron en Bobadilla, con lo que el 19 de septiembre Pavía entró, al fin, en el cantón de Málaga.

Mientras Pavía sofocaba la rebelión en Andalucía, Martínez Campos hacía lo propio en Murcia y Valencia.

El 2 de agosto, comenzaba el bombardeo de Valencia por parte de Martínez Campos. Tras una tregua y 200 muertos en la ciudad, los cantonalistas embarcaron hacia Cartagena, con la intención de continuar la lucha allí. Martínez Campos entró en Valencia el 8 de agosto.

El 11 de agosto, así mismo, Martínez Campos entró en Murcia sin oposición. Los cantonalistas se habían dirigido, también, a Cartagena. Precisamente, tres días más tarde, comenzaba el cerco por tierra de esta ciudad. El asedio, no obstante, parecía que podía durar meses. Pese a que en septiembre la ciudad se encontraba cercada por mar y tierra, los ánimos de los insurrectos en Cartagena estaban altos. El 20 de septiembre, incluso, dos buques cantonales se presentaron ante Alicante amenazando con bombardearla si no se le entregaban víveres. Martínez Campos acudió a Alicante y se opuso a la negociación; no obstante, el alcalde estaba dispuesto a mediar con la ayuda de los británicos, que habían seguido los barcos desde Cartagena. El gobierno de Castelar apoyó esta opción, por lo que el general Martínez Campos dimitió. No obstante, se decidió, finalmente, no proporcionar víveres a los barcos cantonales, por lo que estos procedieron a bombardear la ciudad.

El cerco por mar era el punto débil del bando del gobierno. Pese a los intentos de desestabilizar a la ciudad cartaginense por mar, seguían fallando frente a la armada cantonal. Desde octubre, no obstante, empezó a cundir el desánimo en la población de Cartagena, que se incrementó exponencialmente cuando, sin previo aviso, comenzó el bombardeo de la ciudad el 26 de noviembre. Desde entonces hasta la caída del cantón se contabilizaron más de ochocientos muertos y daños en casi todos los inmuebles.

Tras el golpe de estado de Pavía, y la renuncia de Castelar, a quien se le había ofrecido presidir el gobierno resultante, el general Serrano asumió la presidencia del Poder Ejecutivo de la República. Esto, en Cartagena, se interpretó como que no había ya margen para una salida negociada. Tras sufrir los cantonalistas graves reveses, como la explosión del depósito de pólvora del Parque de Artillería, donde murieron 400 personas, o la pérdida del castillo de la Atalaya (300 personas fueron hechas prisioneras), una comisión fue a parlamentar con el general a cargo del asedio, López Domínguez, sobrino de Serrano (recordemos que Martínez Campos había dimitido en Alicante). Mientras tenía lugar esta negociación, los miembros de la Junta, junto con cientos de cantonalistas, incluidos mujeres y niños, subieron a bordo de la fragata Numancia y de otros dos buques y escaparon rumbo a Orán.

López Domínguez entró en Cartagena el 13 de enero al frente de sus tropas, siendo las condiciones impuestas para la rendición aceptadas. Estas fueron razonables, ya que quedaron «indultados los que entreguen las armas dentro de la plaza, tanto jefes como oficiales, clases e individuos de tropa de mar y tierra, institutos armados, voluntarios y movilizados», con la excepción de los que «componen o han formado parte de la Junta Revolucionaria». Estos, en cualquier caso, habían escapado a Orán.

A pesar de estas condiciones, el ministro de la Gobernación encarceló y deportó a cientos de personas ante la mera sospecha de haber sido parte de los federalistas. Fueron enviados, la mayoría, a Filipinas o a las Islas Marianas, en muchos casos sin un juicio previo. También a Cuba y a cárceles en la Península, creándose incluso una cárcel especial para presos políticos en el antiguo convento de la Victoria del Puerto de Santa María.

Con la caída de Cartagena, concluían las Rebeliones Cantonales, la expresión más visible del caos político de 1873. Fueron el síntoma de que la Primera República estaba condenada desde su origen. El sistema político que la República encarnaba no pudo superar haber provocado la división del país, al que dejó sin autoridad central ni acuerdo de hacia dónde se dirigía, y cuya única solución consistió en entregarse al ejército, sirviendo así, en bandeja, la inminente restauración.

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